Préstamos «gota a gota»: proponen penas de hasta seis años de cárcel por usura.

Los prestamistas que incurran en prácticas de usura, cobros abusivos o mecanismos intimidatorios para exigir el pago de deudas podrían enfrentar penas de dos a seis años de prisión, según las reformas planteadas a la iniciativa 6614, que analiza el Congreso de la República.

La propuesta forma parte de las enmiendas a la denominada Ley contra la Usura y de Protección en el Proceso de Cobro de Deudas, presentada originalmente por la diputada Nadia de León.

El miércoles 11 de noviembre, la Comisión de Economía y Comercio Exterior, presidida por el diputado Jorge Ayala, analizó las modificaciones que buscan fortalecer la normativa y delimitar su ámbito de aplicación.

¿Qué cambios contempla la iniciativa?

Uno de los principales objetivos es combatir los préstamos informales conocidos como «gota a gota», cuyos prestamistas pueden recurrir a intereses excesivos, amenazas e intimidaciones para obligar a los deudores a cumplir con los pagos.

Entre las medidas planteadas destacan:

* Penas de prisión: de dos a seis años para quienes incurran en las conductas de usura contempladas en la propuesta.

* Límite a los intereses: establecer un máximo legal vinculado a la tasa de interés activa promedio publicada por el Banco de Guatemala.

* Protección al deudor: prohibir el acoso, hostigamiento y las llamadas insistentes para exigir pagos.

* Conciliación de deudas: facilitar acuerdos entre acreedores y deudores antes de recurrir a procesos judiciales.

Buscan proteger el salario mínimo de los embargos

Otra de las modificaciones busca proteger los ingresos de los trabajadores frente a los embargos por deudas.

La diputada Nadia de León explicó que únicamente podría embargarse la parte de los ingresos que supere el salario mínimo, con el propósito de garantizar que las personas conserven recursos para cubrir sus necesidades básicas.

También se contempla facilitar mecanismos de conciliación para que los deudores puedan negociar sus obligaciones y establecer acuerdos de pago.

¿A quiénes se aplicaría la normativa?

Durante el análisis de las enmiendas, el diputado Jorge Ayala explicó que también se busca delimitar las entidades sujetas a la regulación.

De acuerdo con lo discutido, quedarían excluidos los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito, las entidades de microfinanzas sin fines de lucro y otras instituciones supervisadas por la Superintendencia de Bancos (SIB).

La normativa estaría dirigida principalmente a prestamistas informales, proveedores de crédito comercial y gestores de cobro que operan fuera del sistema financiero regulado.

¿Cuándo entrarían en vigor las sanciones?

La iniciativa 6614 ya superó el primero y segundo debates en el Congreso y se encuentra pendiente de continuar su trámite en tercer debate, así como de la discusión por artículos y redacción final.

Sin embargo, las enmiendas todavía deben ser discutidas por los diputados y el proyecto enfrenta dificultades para avanzar en la agenda del pleno.

Por ahora, las penas de prisión y las demás medidas planteadas no están vigentes. Su aplicación dependerá de la aprobación de la normativa por parte del Congreso y del cumplimiento del procedimiento legal correspondiente.