Hacinamiento y falta de guardias exponen las debilidades del sistema penitenciario

Los motines y la retención de guardias penitenciarios en las cárceles de Guatemala evidencian los problemas estructurales que enfrenta el Sistema Penitenciario (SP), entre ellos el hacinamiento, la falta de personal y las deficiencias en la supervisión de los centros.

Los recientes incidentes registrados en Renovación I, en Escuintla, y El Boquerón, en Santa Rosa, volvieron a poner en evidencia las dificultades de las autoridades para mantener el control dentro de las prisiones. Aunque el Ministerio de Gobernación confirmó el 5 de noviembre que los trabajadores penitenciarios retenidos fueron liberados, los hechos reavivaron el debate sobre las condiciones en las que opera el sistema carcelario.

La situación no es nueva. Según especialistas, las limitaciones actuales responden a problemas acumulados durante años y que requieren cambios que van más allá de las intervenciones de emergencia.

Hacinamiento y déficit de personal

Corinne Dedik, investigadora senior y especialista en temas penitenciarios, explicó que entre las principales debilidades del sistema se encuentran el hacinamiento, la antigüedad de la infraestructura y la falta de personal suficiente para supervisar a la población reclusa.

De acuerdo con las cifras que compartió, Guatemala cuenta con aproximadamente 4 mil guardias penitenciarios para resguardar a unos 23 mil privados de libertad. Debido al sistema de turnos, alrededor de 2 mil agentes permanecen disponibles para atender a más de 20 mil internos, cantidad que puede disminuir por vacaciones, enfermedades y otras ausencias.

Esta desproporción dificulta las labores de vigilancia y supervisión. La especialista también señaló que los guardias reciben una preparación inicial de entre tres y seis meses, pero posteriormente tienen pocas oportunidades de capacitación. A esto se suma la rotación entre puestos y centros penitenciarios, que puede afectar la experiencia adquirida por los agentes.

Dedik advirtió que la falta de controles efectivos también facilita actos de corrupción y el ingreso de objetos ilícitos, los cuales pueden ser utilizados por los privados de libertad para cometer otros delitos o promover disturbios.

Otro problema es la falta de clasificación de los reclusos según su perfil y grado de peligrosidad. Según la investigadora, esta situación permite que integrantes de distintas estructuras criminales compartan espacios, establezcan contactos y organicen actividades dentro de las prisiones, incluso reclutando a nuevos integrantes.

Falta de inversión y problemas acumulados

La especialista indicó que, desde 2010, la población penitenciaria aumentó de manera acelerada, sin que el sistema recibiera los recursos necesarios para ampliar su infraestructura, contratar más personal, mejorar la seguridad e incorporar tecnología.

Como consecuencia, las cárceles operan por encima de su capacidad. En septiembre, autoridades penitenciarias informaron que los 24 centros de detención albergaban a más de 24 mil personas privadas de libertad y que el hacinamiento superaba el 300 %. (DCA⁠)

Por su parte, el diputado Víctor Valenzuela, integrante de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso, atribuyó la crisis a problemas acumulados durante distintas administraciones.

El legislador también consideró que el Sistema Penitenciario ha recibido poca atención dentro del Ministerio de Gobernación y planteó la posibilidad de crear un instituto penitenciario para reorganizar su funcionamiento e incorporar a otras instituciones.

Mientras tanto, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, ha señalado que recuperar el control de las cárceles requiere fortalecer la autoridad estatal y contar con personal comprometido con el cumplimiento de la ley.

Durante la graduación de la promoción 29 de guardias penitenciarios, destacó que esta fue la primera generación formada bajo el nuevo modelo de carrera penitenciaria. También señaló que los cambios deben traducirse en nuevas prácticas que se mantengan de manera constante dentro de las instituciones.

Nuevas cárceles no resolverán por sí solas la crisis

Guatemala tiene en construcción dos centros penitenciarios: uno de máxima seguridad en Izabal y otro en Masagua, Escuintla. Sobre este último proyecto, Dedik señaló que enfrenta problemas administrativos que han impedido avanzar con la obra.

La investigadora considera que, además de construir nuevos centros, es necesario especializar al personal que estará a cargo de su funcionamiento y acompañar estas medidas con una reforma integral.

A su criterio, ampliar la capacidad carcelaria no resolverá por sí sola los problemas si no se garantiza una administración adecuada y controles internos efectivos.

También respaldó las iniciativas para incorporar actividades laborales y educativas dirigidas a los privados de libertad, con el propósito de reducir el tiempo de ocio y contribuir a su rehabilitación. Sin embargo, advirtió que estos programas deben llegar a una mayor cantidad de personas, pues las oportunidades actuales no cubren las necesidades de la población reclusa.

Para Dedik, recuperar la gobernabilidad penitenciaria requiere una reforma de Estado que trascienda los períodos de gobierno. Explicó que los cambios en otros países han tomado 10 años o más, por lo que Guatemala necesita mantener los proyectos y las políticas institucionales, incluso cuando cambien las autoridades.

El control debe ir acompañado del respeto a los derechos humanos

La investigadora recordó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar condiciones seguras dentro de las cárceles, proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad y asegurar el acceso a derechos básicos, como la salud, la alimentación y un espacio adecuado para cumplir sus condenas.

También advirtió que la falta de control en las prisiones puede propiciar situaciones de violencia y vulneraciones a los derechos humanos, debido a que las autoridades tienen la obligación de proteger a quienes permanecen bajo custodia estatal.

En ese sentido, señaló que las intervenciones para recuperar el orden deben respetar los derechos de los internos y utilizar únicamente la fuerza necesaria.

Por su parte, el director del Sistema Penitenciario, Jorge Guillermo López Dellachiessa, aseguró que las autoridades recuperaron el control de Renovación I y El Boquerón. Confirmó que los guardias retenidos fueron liberados y se encontraban a salvo.

Según el funcionario, durante los incidentes no hubo enfrentamientos, armas faltantes, personal detenido, daños en la infraestructura ni personas privadas de libertad desaparecidas. Además, indicó que la Inspectoría y los órganos de control investigan los hechos para establecer responsabilidades. (Ministerio de Gobernación⁠)

López también afirmó que el Estado no cederá ante las demandas de las organizaciones criminales.

Aunque las autoridades mantienen acciones de seguridad en ambos centros, Dedik considera que la crisis penitenciaria no se resolverá únicamente con intervenciones de emergencia. El desafío, explicó, consiste en recuperar la capacidad del Estado para administrar, supervisar y mantener el control de las cárceles a largo plazo.