Familia de Melissa Palacios exige esclarecer las salidas de prisión de María Fernanda Bonilla

La familia de Melissa Palacios exigió esclarecer las circunstancias en las que María Fernanda Bonilla, quien guarda prisión preventiva por el caso, habría salido del Centro Carcelario Los Jocotes, en Zacapa, para diferentes actividades, incluidos traslados médicos.

La petición se dio a conocer después de que Bonilla fuera trasladada a un centro asistencial privado por presuntos problemas de salud. En un comunicado, los familiares reconocieron que las personas privadas de libertad tienen derecho a recibir atención médica digna y oportuna, pero solicitaron verificar que cada salida cuente con el respaldo correspondiente y que no existan privilegios injustificados.

Entre los hechos que piden investigar mencionaron supuestas salidas sin orden judicial previa, con notificaciones posteriores al Organismo Judicial, así como una presunta asistencia a un funeral en 2024, visitas odontológicas y desplazamientos a centros comerciales de la capital. También solicitaron revisar la veracidad de los informes médicos que habrían servido para justificar esos movimientos.

Como parte de los antecedentes, la familia señaló que un oficio de la Clínica Médica del Centro de Detención Matamoros, fechado el 6 de octubre de 2026, consignó que Bonilla tenía antecedentes de litiasis renal y no llevaba controles médicos. El documento solicitaba una evaluación forense para determinar la atención especializada que necesitaba.

El informe también indicaba que la acusada se encontraba clínicamente estable durante esa evaluación y que el médico no consideraba viable recomendar una salida de emergencia en ese momento.

Posteriormente, el 8 de octubre, el Tribunal Primero de Sentencia Penal con competencia para conocer procesos de Mayor Riesgo, grupo C, ordenó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) designar a un médico para evaluar a Bonilla y establecer un plazo de 72 horas para informar sobre el cumplimiento de la disposición.

La resolución contempló que, ante una emergencia relacionada con la gravedad de sus padecimientos o la falta de suministros, debía coordinarse un traslado hospitalario conforme a la Ley del Régimen Penitenciario, bajo la responsabilidad de las autoridades penitenciarias. Sin embargo, ese documento, por sí solo, no acredita las circunstancias específicas del posterior traslado al centro privado.

La familia pidió que se revisen las salidas, los documentos médicos y el cumplimiento de las resoluciones judiciales, y que se determinen posibles responsabilidades administrativas o penales si se comprueban irregularidades. También solicitó que el proceso contra los dos acusados concluya conforme a derecho.

“No pedimos venganza. Exigimos verdad, transparencia, igualdad ante la ley y justicia”, expresó la familia.