Arévalo veta decreto que reforma la prisión preventiva.

El presidente Bernardo Arévalo vetó el Decreto 23-2026, aprobado por el Congreso el 29 de septiembre de 2026, que contiene reformas al Código Procesal Penal relacionadas con la prisión preventiva, las medidas sustitutivas y los procedimientos judiciales.

La decisión fue oficializada mediante el Acuerdo Gubernativo 173-2026, publicado este miércoles 28 de octubre en el Diario de Centro América. El documento expone los argumentos del Ejecutivo para devolver la legislación al Organismo Legislativo.

Según el Gobierno, algunas disposiciones podrían contravenir el artículo 2 de la Constitución Política de la República, relacionado con la seguridad jurídica, debido a problemas de claridad normativa y aplicación.

Entre los principales cuestionamientos figura el artículo 8 del decreto, que buscaba incorporar el artículo 264 Quáter al Código Procesal Penal para establecer restricciones a las medidas sustitutivas en determinados delitos.

El Ejecutivo señaló que la disposición no identifica con suficiente precisión los delitos a los que se aplicaría. También cuestionó que incluyera una referencia a la violación calificada, contemplada anteriormente en el artículo 175 del Código Penal, pero derogada por la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.

Implementación de las reformas

Otro argumento del veto se relaciona con la entrada en vigor de las modificaciones al día siguiente de su publicación, sin un período de transición para que las instituciones del sistema de justicia organizaran los nuevos procedimientos.

El Gobierno advirtió que la creación de una Unidad de Control de Medidas de Coerción, a cargo de la Corte Suprema de Justicia, requeriría tiempo para su organización y funcionamiento.

Asimismo, señaló que algunas disposiciones relacionadas con la cesación del encarcelamiento podrían aplicarse sin que existieran las condiciones operativas necesarias.

El Decreto 23-2026 estaba integrado por 15 artículos y contemplaba medidas como arresto domiciliario, prohibición de salir del país, presentación periódica ante las autoridades y mecanismos de vigilancia.

También proponía priorizar determinadas medidas sustitutivas para personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o enfermedades graves, siempre que se cumplieran las condiciones establecidas.

Qué sigue para el decreto

Tras el veto presidencial, el decreto será devuelto al Congreso con las observaciones del Ejecutivo. Los diputados deberán decidir si aceptan las objeciones y realizan modificaciones o si rechazan el veto y toman una nueva decisión sobre la legislación.